LA FALSIFICACIÓN NO ES UN DESCUENTO, ES UN DELITO CON VÍCTIMAS REALES.

La cifra más alarmante no es la que refleja el atestado, sino la que el consumidor elige ignorar en el punto de venta.

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Comprar una falsificación no es un «hack» al sistema de precios. Es verter combustible sobre una economía paralela que no paga impuestos, no respeta derechos de autor y, lo más inquietante, no distingue entre una cartera de lujo y un lote de piezas de automóvil o medicamentos.

Casi mil quinientas personas detenidas. Suena a operación exitosa. Pero permítanme ser escéptico: ¿cuántas transacciones se consumaron ayer, hoy y mañana sin que nadie levantara una ceja? La estadística penal refleja el esfuerzo de las fuerzas de seguridad, sí, pero también expone, por contraste, la abismal magnitud de lo que se mueve en la absoluta impunidad.

El argumento del «daño a la marca» me parece estéril. Desplacemos el foco: hablemos del comprador. No es un sujeto pasivo engañado por un vendedor astuto. En la gran mayoría de los casos, nos encontramos ante un consumidor consciente que negocia su propia seguridad jurídica y, en muchos supuestos, su salud, a cambio de un precio manifiestamente inferior. El principio de buena fe no puede esgrimirse cuando se cierran los ojos ante la evidencia.

La tipificación penal no distingue entre el vendedor ambulante y el intermediario digital que facilita la plataforma. La responsabilidad civil y penal se proyecta en cascada. Y la coartada del «desconocimiento» es, en términos procesales, una defensa de papel de fumar cuando la imitación es burda y el precio, sencillamente, ridículo.

Reconozcámoslo con crudeza: la lucha contra la falsificación goza de un componente estético que la vuelve mediática y hasta entretenida. Pero el verdadero cadáver en el armario está en los productos industriales y farmacéuticos. Allí, la imitación no mancha la imagen corporativa; cercena la integridad física de los usuarios. Y, sin embargo, el debate público sigue secuestrado por la marroquinería de lujo.

Mientras sigamos normalizando la imitación como un mérito del «consumidor inteligente», estaremos otorgando un cheque en blanco al infractor. La condescendencia social es el mejor aliado del delito contra la propiedad industrial. Las pérdidas millonarias son la punta del iceberg; la erosión de la confianza en el sistema de innovación, la base. Sin confianza en el sistema, cualquier intento de recuperación económica se queda en un brindis al sol.

ALEJANDRO KLOCK VARAS
JURISTA Y MEDIADOR CIVIL Y MERCANTIL
www.legaltimes.es

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