Suiza recoge 110.000 toneladas anuales de ropa usada. La mitad cruza océanos. Parte de ella, la que no puede revenderse, termina quemada o pudriéndose en vertederos de Nairobi. No por falta de conciencia ambiental, sino por ausencia de un criterio jurídico que sepa diferenciar lo reutilizable de lo inservible.
El Grupo Africano lo planteó con crudeza en Ginebra este junio: que los textiles usados entren en el sistema de Consentimiento Informado Previo del Convenio de Basilea. Traducción: que el país importador pueda decir «esto no lo queremos» antes de que el barco ataque. Suena sensato. Pero el sector de la reutilización (que genera miles de empleos en África, Asia y América Latina) advierte: más controles pueden matar el comercio legal sin resolver el problema de fondo.
Y tienen razón. Prohibir no es gestionar.
El debate se traslada ahora a la COP18 de Panamá en 2027. Pero el verdadero desafío no es si endurecer o no las normas. Es otro: ¿quién define cuándo una prenda deja de ser ropa y se convierte en residuo? ¿Con qué estándares? ¿Y con qué consecuencias para los países que dependen de ese flujo para vestir a su población a precios asequibles?
La solución no pasa por fronteras más herméticas, sino por trazabilidad real, criterios técnicos claros y, sobre todo, honestidad: el problema no es que África reciba ropa usada. Es que recibe lo que nosotros no queremos ni mirar.
ALEJANDRO KLOCK VARAS
JURISTA Y MEDIADOR CIVIL Y MERCANTIL
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