El CEO de Google DeepMind, Demis Hassabis, acaba de plantar bandera. Su propuesta es audaz: un regulador global de IA, con sede en Estados Unidos, que evalúe los modelos más avanzados antes de su lanzamiento y que pueda ordenar un freno colectivo si el riesgo se desboca. El modelo, inspirado en la FINRA que supervisa Wall Street, sería financiado por la propia industria y operaría bajo supervisión federal. Suena a sensatez. Pero los abogados sabemos que la letra pequeña de esta propuesta merece un análisis mucho más escéptico.
Hassabis no es un ingenuo. Es premio Nobel, lidera el desarrollo de Gemini y ha pasado meses tejiendo apoyos entre la administración Trump, laboratorios rivales y funcionarios europeos. Sabe que la regulación, cuando la diseña quien debe ser regulado, tiende a convertirse en un escudo, no en una espada. La FINRA, su espejo financiero, ha sido criticada durante décadas por ser un órgano de autoregulación donde la industria fija las reglas del juego. ¿Repetiremos el patrón en la inteligencia artificial?
El momento no es casual. El revuelo del Mythos de Anthropic (congelado de la noche a la mañana por una orden ejecutiva) ha sido un aldabonazo en Washington. La Casa Blanca improvisó; Hassabis propone institucionalizar. Pero institucionalizar bajo el paraguas de EE.UU., con umbrales de «modelo fronterizo» que él mismo ayudaría a definir, es una jugada maestra de poder blando. La propuesta es técnicamente impecable: evaluaciones trimestrales, pruebas de ciberseguridad y riesgos biológicos, colaboración con laboratorios nacionales. Pero el Derecho no es solo técnica; es también legitimidad.
Lo que me inquieta no es el fondo, sino el procedimiento. Un organismo financiado por las grandes tecnológicas, con un consejo de «expertos independientes» designados por quién sabe qué criterio, y con capacidad para vetar el acceso al mercado estadounidense. Eso no es un regulador global; es un guardián de la frontera con pasaporte norteamericano. Los modelos chinos, europeos o de cualquier otra latitud tendrán que pasar por el aro de Washington. La comunidad internacional, que ya ha expresado reservas, debería tomar nota.
Hassabis afirma que la AGI está a «solo unos pocos años». Quizá. Pero mientras tanto, su propuesta de autorregulación con supervisión federal podría convertirse en el mayor caballo de Troya de la gobernanza global: una regulación que parece proteger y en realidad protege, sobre todo, a quienes la diseñan.
ALEJANDRO KLOCK VARAS
JURISTA Y MEDIADOR CIVIL Y MERCANTIL
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