Empiezo con una tesis incómoda: el exceso de regulación mata startups. Pero la ausencia de reglas las convierte en carne de cañón. Y julio de 2026 nos ha recordado ambas verdades con crudeza.
Primer frente, la IA. El 27 de julio ha entrado en vigor la Ley Ómnibus de IA en toda la UE. Amplía plazos para los sistemas de alto riesgo hasta diciembre de 2027, pero no perdona. Las obligaciones de transparencia son ya exigibles. Quien desarrolle IA sin etiquetar contenido generado artificialmente se expone a sanciones que pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio global. Las startups con modelos de lenguaje o generación de imágenes tienen dos opciones: cumplir o emigrar.
El segundo frente llega desde Luxemburgo. El TJUE ha dictado dos sentencias que redefinen el perímetro de la privacidad. El 9 de julio, en el asunto C-199/24, el Tribunal ha dejado claro que poner sentencias penales online a cambio de dinero no es periodismo. Es tratamiento de datos con fines comerciales. Y el RGPD se aplica. Punto. El 18 de junio, en el asunto C-484/24, el TJUE ha matizado que el RGPD no impone la exclusión automática de pruebas obtenidas ilícitamente. Los jueces nacionales podrán valorarlas, pero con criterios estrictos. Para una startup que maneja datos personales, esto es un campo de minas.
Y luego está el factor geopolítico. La FCC estadounidense ha reformado sus normas de inversión extranjera. Desde mayo de 2026, cualquier entidad con capital foráneo que quiera operar en telecomunicaciones o dispositivos conectados debe someterse a un escrutinio más riguroso. Las startups tecnológicas con inversión china, rusa o de cualquier país considerado adversario lo tienen crudo. La «covered list» se ha ampliado a drones y componentes críticos. El mensaje es claro, la tecnología es cuestión de Estado.
España, mientras tanto, mira. El Anteproyecto de Ley de Gobernanza de la IA sigue pendiente. El sandbox regulatorio fue un éxito, pero la norma no termina de llegar. Y las startups, en tierra de nadie, intentan innovar mientras los legisladores deciden su futuro.
Tengo la impresión que la comunidad juridica en general opina que el exceso de celo regulatorio ahoga. Pero la inacción también. El equilibrio está en la proporcionalidad y en la seguridad jurídica. Si no sabemos qué normas nos van a aplicar, no podemos planificar. Y sin planificación, no hay inversión.
Julio de 2026 nos ha dado tres varapalos. Pero también tres oportunidades para repensar el modelo. Las startups que sobrevivan no serán las más innovadoras. Serán las que entiendan que el cumplimiento normativo es parte del producto.
ALEJANDRO KLOCK VARAS
JURISTA Y MEDIADOR CIVIL Y MERCANTIL
www.legaltimes.es
