La Ley Orgánica 1/1982 ha muerto. No la ha matado el tiempo. La ha asesinado la inteligencia artificial generativa. Y el cadáver normativo que arrastrábamos durante cuatro décadas ya no sirve para proteger lo que realmente importa: la posibilidad de ser uno mismo en un ecosistema donde tu rostro y tu voz pueden ser secuestrados con un clic.
El Consejo de Ministros aprobó el 7 de julio el proyecto que sustituye la vetusta ley. Por primera vez, se considerará intromisión ilegítima el uso de tu voz o imagen sin autorización con fines publicitarios o comerciales mediante IA. Suena bien. Pero tengo mis dudas.
El problema no es técnico. Es filosófico. La reforma declara ilegítima la utilización de la imagen «creada, simulada o manipulada tecnológicamente para dotarla de una apariencia extremadamente realista». Pero ¿qué ocurre cuando la IA es indistinguible de la realidad? La carga de la prueba recaerá sobre la víctima. Y el daño, para entonces, ya estará hecho.
Hay avances reseñables. La edad de consentimiento para la propia imagen sube a los 16 años. Se podrá prohibir por testamento el uso comercial de la imagen tras el fallecimiento. Los true crimes que revictimizan entran en el catálogo de intromisiones. Y las indemnizaciones por daño moral no podrán ser simbólicas.
Pero el escepticismo profesional me obliga a señalar lo que la norma no dice. ¿Quién retira el contenido lesivo de las plataformas? ¿Con qué celeridad? El texto habla de «medidas necesarias». Demasiado ambiguo. Demasiado confiado en la buena voluntad de los oligarcas tecnológicos a los que el ministro Bolaños promete arrebatar poder.
La reforma no prohíbe los deepfakes. Proscribe los usos no consentidos que lesionan honor, intimidad o imagen. La distinción es sutil pero crucial. Sigue permitida la creación sintética en obras de ficción, sátira o arte. Solo se exige etiquetado cuando pueda inducir a error sobre la autenticidad. El legislador ha optado por el equilibrio. Veremos si los tribunales saben mantenerlo.
La ley llega al Congreso con la mayoría absoluta como escollo. Los plazos parlamentarios son inciertos. Y mientras los diputados deliberan, los algoritmos no esperan. Cada día que pasa es un día en el que alguien, en algún lugar, está viendo su rostro usado sin su permiso.
La pregunta no es si esta ley es necesaria. Lo es. La pregunta es si llega a tiempo. Y si, cuando llegue, los jueces tendrán las herramientas para aplicarla con la contundencia que exige un daño que ya no es analógico, sino existencial.
ALEJANDRO KLOCK VARAS
JURISTA Y MEDIADOR CIVIL Y MERCANTIL
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