El pasado 29 de junio, Francia ratificó una enmienda histórica que pone coto a las prácticas del ultra fast fashion, especialmente las de Shein y Temu. El texto, impulsado por Anne-Cécile Violland y consensuado en comisión conjunta, se votará definitivamente en el Senado y la Asamblea Nacional, consolidando una norma pionera en la regulación textil europea.
Desde la perspectiva del Derecho de la Moda, esta ley supone un cambio de paradigma: por primera vez, el ordenamiento jurídico distingue entre modelos de negocio sostenibles y aquellos basados en la hiperproducción y el descarte acelerado. El texto define el ultra fast fashion mediante dos criterios objetivos: el volumen de prendas comercializadas y la desproporción entre coste de fabricación y precio final, excluyendo así a firmas como Zara o Mango. La sanción económica (hasta el 50% del precio antes de impuestos en 2030, con tope de 10 euros) busca internalizar los costes ambientales que estas empresas externalizan.
Pero la norma va más allá: prohíbe la publicidad pagada, especialmente en campañas con creadores de contenido, un acierto al considerar que la sobreexposición mediática distorsiona el consumo responsable. Este apéndice, incorporado en 2024, fue clave para lograr el respaldo del Senado.
El fast fashion no solo es insostenible por su huella de carbono y consumo hídrico; vulnera derechos humanos de tercera generación (derecho a un medio ambiente sano, a la información y a la participación) al externalizar la producción a países sin garantías laborales ni ambientales. La ley envía una señal inequívoca: el futuro pasa por el ecodiseño, la trazabilidad y el reciclaje de materiales.
No obstante, el texto enfrenta un reto jurídico mayúsculo, su posible colisión con la normativa comunitaria. Shein y Temu ya han anunciado que buscarán amparo en la libre circulación de mercancías y los principios de competencia europeos. Queda por ver cómo encaja esta regulación con el futuro Reglamento de Ecodiseño y la Estrategia de la UE para Textiles Sostenibles.
Como recordó la portavoz Sylvie Valente-Le Hir, la ley «no resolverá por sí sola todas las dificultades del sector», pero envía una «señal clara de apoyo a nuestras empresas» que apuestan por la transición. Francia se erige así como laboratorio legislativo en la lucha contra la moda desechable.
El 24 y 29 de junio serán fechas clave para confirmar si este giro normativo, que distingue entre empresas que destruyen empleo, medio ambiente y salud, y aquellas que apuestan por un futuro responsable, se convierte en realidad. El Derecho de la Moda tiene ante sí un precedente que invita a repensar la función social de la industria textil.
ALEJANDRO KLOCK VARAS
