La norma dice una cosa: protección al inquilino. La realidad dice otra: asfixia al arrendador. Y entre ambas se cuela un abismo jurídico que los tribunales tardarán años en llenar.
Cuatro millones de personas podrían acogerse a esta prórroga extraordinaria. Bonito número. Pero ¿qué hay detrás? Propietarios que vieron en el alquiler un colchón para su jubilación. Ahora, sin capacidad de recuperar su piso hasta 2028 como mínimo. Sin causa. Sin compensación. Sin nada.
El artículo 33 de la Constitución no es un adorno. Reconoce la función social de la propiedad, sí, pero también su contenido esencial. ¿Dónde queda este cuando el Estado impone una extensión unilateral del contrato? La respuesta, me temo, es un silencio sepulcral.
El legislador ha confundido emergencia con estructural. La escasez de vivienda no se resuelve con decretos que desincentivan la oferta. Es de cajón: si el inversor teme no recuperar su activo, o no invierte o exige primas de riesgo. Y las primas ya se ven: los precios del alquiler suben un 12,8% interanual. La paradoja es perfecta.
Y hay más. La propia convalidación parlamentaria está en el aire. El Gobierno ha aparcado el decreto hasta después del verano por falta de apoyos. Eso no es un detalle técnico; es un síntoma de debilidad política que se trasladará a los juzgados. Porque recurrirán. Y con fundamento.
La autonomía de la voluntad, pilar del Código Civil, queda reducida a un papel mojado. El contrato ya no es ley entre partes; es una declaración de intenciones supeditada a lo que el Estado decida. Y eso, señores, es dinamita para la seguridad jurídica.
Los fondos ya están desviando capital hacia Portugal. Los pequeños propietarios, atrapados. Los inquilinos, con una prórroga que quizá no necesiten pero que muchos usarán como escudo. El resultado: litigiosidad masiva y un mercado que se congela y esta no es una ambigüedad; es un mazazo. Mi pronóstico: el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra. Y ojalá me equivoque, pero la técnica jurídica elemental dice que esta norma no superará el filtro de proporcionalidad.
La vivienda es un derecho, pero también un bien escaso. Y la escasez no se combate con expropiaciones encubiertas. Se combate con suelo, con incentivos, con seguridad. Este decreto solo siembra incertidumbre. Y la incertidumbre, en el mercado inmobiliario, siempre la pagan los más vulnerables.
ALEJANDRO KLOCK VARAS
JURISTA Y MEDIADOR CIVIL Y MERCANTIL
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