El BOE se ha pronunciado. Gijón, Avilés, Llanes, Gozón, Cabrales, Santiago y Basauri se suman al club de los «tensionados». 317 municipios. 9,3 millones de personas, envueltas en el manto protector de una declaración que, en la práctica, parece más un brindis al sol que un cortafuegos real contra la especulación.
¿Protección? Sí. Pero la declaración es el primer paso de un proceso mucho más complejo; no el final del camino. Un propietario, legítimamente preocupado por la rentabilidad de su activo, se encuentra ahora ante un tablero donde la ley le exige un sacrificio, mientras los costes de comunidad, IBI y derramas no dejan de subir.
El Gobierno amplía el cerco normativo, pero la maquinaria judicial aún no ha digerido las primeras impugnaciones. La seguridad jurídica, ese bien preciado que todo inversor añora, se tambalea con cada nuevo municipio añadido. Porque una cosa es la urgencia social y otra, muy distinta, la aplicación práctica del tope al alquiler.
El mercado no es un ente abstracto. Son personas. Familias que buscan un techo y arrendadores que asumen un riesgo. El texto de la ley, frío y aséptico, choca con la realidad de un parque inmobiliario envejecido y una oferta que, lejos de estimularse, se congela. ¿A quién beneficia realmente este escenario?
La experiencia en mediación me ha enseñado que las soluciones impuestas desde el despacho ministerial rara vez calman los ánimos en el terreno. La «tensión» no se resuelve con un decreto. Se gestiona. Y la gestión requiere flexibilidad, no una camisa de fuerza regulatoria que, en el fondo, podría agravar el desabastecimiento.
El Colegio de Registradores ya advertía de la caída de la firma de nuevos contratos. Ahora, con 317 zonas, la pregunta no es cuántas, sino cómo. ¿Cómo vigilarán los ayuntamientos el cumplimiento sin medios? ¿Cómo evitarán el abandono de pisos por parte de pequeños propietarios que ven la norma como una enemiga?
El derecho administrativo, con su pulcritud formal, a veces olvida la capilaridad del mercado. La declaración es un acto de voluntad, pero la realidad se impone por la fuerza de los números. Si el inversor se retira, la oferta se contrae; y, contra toda intuición, los precios, en lugar de bajar, podrían dispararse por la vía de la escasez.
Esto no es un ataque a la intervención. Es un llamamiento a la honestidad intelectual. La medida tiene un indudable calado social, pero su eficacia real dependerá del desarrollo reglamentario y, sobre todo, de la interpretación que los juzgados hagan del concepto de «esfuerzo adicional» que exige la Ley por el Derecho a la Vivienda.
Mientras los notarios sellan escrituras y los mediadores intentamos desatascar conflictos, el legislador sigue sumando kilómetros de cordón sanitario. El problema no es la extensión, sino la profundidad. Sin un plan de choque que incremente el parque público o agilice el desalojo de okupas, la declaración de zona tensionada se queda en un parche, no en una solución.
El próximo recurso contencioso-administrativo tardará en llegar, pero llegará. Y la Audiencia Nacional tendrá la última palabra. Hasta entonces, la industria inmobiliaria mira con lupa estos 317 nombres, sabiendo que la auténtica tensión no está en la vivienda, sino en la discrepancia entre lo que dice el BOE y lo que susurra la calle.
El mercado pide certezas. El BOE otorga declaraciones. La diferencia entre una y otra es la que separa el derecho de la justicia.
ALEJANDRO KLOCK VARAS
JURISTA Y MEDIADOR CIVIL Y MERCANTIL
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